Transición a la mexicana: ayer

El análisis comparativo más básico que puede hacerse entre el México de ayer, dominado por un partido hegemónico, y el México ‘democrático’ o 'en transición' o en 'consolidación' de hoy, necesariamente debe partir de la base de que el sistema político es de tipo presidencial. La Constitución habla de un arreglo institucional del Estado con base en una división tripartita del poder; la línea divisoria entre el sistema presidencial y el presidencialismo mexicano radica en la capacidad del ejecutivo para ejercer los poderes que le son facultad.
En principio, en virtud del artículo 49 Constitucional, el poder del estado está dividido en tres brazos –ejecutivo, legislativo y judicial–, y en teoría, las facultades de cada uno de ellos están claramente divididas y diferenciadas. Por ello, aunque constitucionalmente el ejecutivo tiene facultad de iniciativa legislativa, requiere de amplias mayorías para transformar dichas iniciativas en prácticas de política pública, lo que -siempre en la teoría- le obligaría a buscar consensos dentro del Legislativo para poder llevar a cabo su plan de gobierno.
La Constitución por sí misma no atribuía, ni atribuye, todo el poder al ejecutivo, y se hacía necesario entonces recurrir a otro tipo de factores, esencialmente a arreglos institucionales dentro de la elite gobernante, para poder entender cómo es que el presidente tenía tal capacidad de acción dentro del presidencialismo mexicano. Uno de esos factores es, por ejemplo, el hecho de que a partir de la presidencia de Cárdenas, el liderazgo del partido en el poder y la presidencia se concentraban en la misma persona, lo que le convertía en el árbitro último de las negociaciones entre el gobierno y los sectores representados en el partido.
Esto significa que, además de sus facultades constitucionales, dependía de la capacidad de cada presidente el poder que ejercía sobre la nación. Por ejemplo, la presidencia de Miguel Alemán y su impulso a la industria y la inversión en infraestructura contrastan con la de Manuel Ávila Camacho, quien dedicó buena parte de sus esfuerzos a obras de irrigación, o bien con Luis Echeverría, que se avocó a la promoción internacional.
Un ingrediente más del arreglo institucional de ayer es la no reelección legislativa. Ésta creaba una relación de dependencia entre el legislador y el presidente/líder de partido, anulando la relación que pudiera existir entre aquél y el electorado. La no reelección legislativa fue una reforma pensada y promovida por Plutarco Elías Calles para permitir que el poder ‘circulase’ dentro del partido: implicaba que las distintas facciones aglutinadas dentro del mismo iban a tener la oportunidad de acceder a asientos en la Cámara y eventualmente ascender en su carrera política. Esta reforma en 1933 implicaba que el Congreso estaría controlado de facto por la diligencia del partido, que podía o no estar en acuerdo con el presidente, como ocurrió en los periodos anteriores a la presidencia de Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, cuando Cárdenas dio fin al Maximato con el exilio de Calles, la cabeza del partido quedó en manos del presidente, lo que convertiría al ejecutivo en el mediador entre el gobierno y los distintos sectores del PRI, a través de la designación de los candidatos a todos los puestos en el Congreso. Esto significó que el poder de mediación e incluso de determinar el futuro de los políticos dependía del presidente. Junto con ello, la facultad de facto de designar al sucesor, convirtieron al Congreso en un mecanismo de control del presidente frente a los sectores aglutinados en el PRI.
Este tipo de arreglo permitió la formación de gobiernos unificados. Éstos facilitan la concentración de poder del presidente, ya que al tener la mayoría en ambas Cámaras, podía impulsar las reformas necesarias, o bien producir la legislación conveniente, para poder llevar a la práctica las políticas que definirían su gobierno, virtualmente sin oposición alguna.
Junto con el gobierno unificado, se debe anotar que una condición indispensable es el hecho de que existía una disciplina de partido, de manera que los mandatos del presidente al Congreso, como es una reforma constitucional o la destitución de un gobernador, eran acatados con celeridad. Al ser el presidente el jefe del partido, la disciplina partidista se volvió una pieza fundamental que permitió al gobierno de un partido que gana mayorías aplastantes en las Cámaras, el mover e impulsar su legislación para cumplir con su programa de gobierno.