Es innegable que el sistema político no va a cambiar: la tradición política, cultural e institucional hacen prácticamente imposible pensar en el cambio a un sistema parlamentario. También resulta difícil creer que el sistema de partidos podría modificarse: es claro que a pesar de la relativa facilidad con la que puede crearse un nuevo partido, éste desaparecerá invariablemente. Quizá se deba a que, pese a que tenemos una sociedad fragmentada y diversa, la realidad ideológica sólo se expresa en dos sentidos: izquierda y derecha. Por otra parte, es obvio también que la disciplina partidista hará muy difíciles las negociaciones entre los distintos sectores de la elite. De tal suerte, crear mayorías, institucionales o no, se complica infinitamente.
El cambio que podríamos desear para mañana vendría al sistema electoral. Es evidente que el modelo mixto, más que intentar conjugar las ventajas de ambos modelos dentro del Congreso, lo que ha llevado es a una parálisis. No importa cuántas cifras de iniciativas aprobadas se nos muestren, la realidad es que las reformas económicas y sociales sustantivas han quedado trabadas en el Congreso, sea por la incapacidad de negociación del ejecutivo, o bien en razón de la radicalización de los partidos y su interés en la siguiente elección –federal, local, legislativa, presidencial, ejecutiva local, la que sea-. La construcción de mayorías para realizar los cambios de fondo que requiere el país necesariamente pasan por el diseño del sistema electoral, y tiene bien poco que ver con cuestiones de legitimidad o transparencia. Es una cuestión de decisiones de Estado, y la evidencia señala que ningún actor político está dispuesto o en capacidad de tomarlas.
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